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Artículos de Psicopedagogía: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN

 

 

 

 

La educación ha pasado de ser un instrumento para educar a las élites del país, o un bien de lujo accesible exclusivamente a las clases más fuertes económicamente, a ser el vehículo necesario tanto para la supervivencia y desarrollo de los estados como para la realización personal de sus individuos.

 

      La educación es, desde un punto de vista estructural, un bien necesario, una inversión económica imprescindible y, por tanto, un bien jurídico necesitado de protección por parte de los ordenamientos jurídicos de los estados.

      Desde un punto de vista individual, la educación es, hoy en día, un requisito imprescindible para la entrada en el mercado de trabajo, presupuesto ineludible para la adquisición de un determinado status económico y social. Actualmente existe una íntima correlación entre el derecho a la educación y el derecho al trabajo, y por otro lado, entre la política económica y la política educativa de los estados intervencionistas actuales.

      Es tal la importancia de este derecho que aparece recogido en numerosos pactos internacionales, como:

      - Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

      - Convenio para la Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (1950).

      - Declaración de los Derechos del Niño (1959).

      - Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la enseñanza (1960).

      - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).

      - Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966).

       El derecho a la educación tiene un reconocido carácter social y su recepción como derecho constitucional se produce por primera vez en la Constitución de 1978, aunque se pueden encontrar precedentes incluso en la Constitución de 1812, a nivel nacional, y en la Constitución jacobina de 1793, a nivel europeo. Y es que el problema del derecho a la educación está íntimamente relacionado con el de la escuela pública y la extensión de la instrucción y la enseñanza a todas las capas sociales de un país. En España, se hablaba ya de la gratuidad de la enseñanza en el Informe Quintana, en 1814, subrayando la importancia del nivel de instrucción de los ciudadanos como requisito previo para el ejercicio de los derechos individuales, aunque en los textos del siglo XIX sólo apareciese recogida la libertad para fundar centros docentes.

      El derecho a la educación aparece recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución bajo el epígrafe "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas". Esta expresión hace referencia a una serie de derechos subjetivos que sirven para fundar pretensiones jurídicas frente a los poderes públicos, para exigir una actitud de éstos -derechos fundamentales- o para que permitan un libre desenvolvimiento del individuo -libertades públicas-. Estos derechos fundamentales y libertades públicas están sometidos a unos principios especiales sobre su regulación normativa y también a un régimen de protección judicial especial.

      Así, del art. 81 de la Constitución resulta que "el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas" es materia reservada a la Ley Orgánica, es decir, a una forma especial de Ley que tiene un procedimiento parlamentario específico de aprobación consistente en que se necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, en una votación específica sobre el conjunto del proyecto de Ley tanto para su aprobación como para su modificación o derogación. En uso de esta prescripción, se promulgó en su momento la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, así como la actual Ley Orgánica del Derecho a la Educación y la reciente Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo.

 

      Además, esos derechos fundamentales están sometidos a un régimen especial de proteción judicial, tanto en lo relativo a la jurisdicción ordinaria como en la posibilidad de acceso al Tribunal Constitucional. La tutela de estos derechos ante los Tribunales ordinarios se realiza por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, que suponen un fundamental acortamiento de los plazos de tramitación judicial, la no exigencia de recurso administrativo previo y la posibilidad de suspensión judicial de las medidas restrictivas de dichos derechos. Por su parte, el recurso de amparo es la forma de llegar al Tribunal Constitucional en la defensa de tales derechos fundamentales, existiendo incluso una jurisdicción europea específica para su protección, constituida por un órgano integrado en el Consejo de Europa: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.   

            Por su importancia reproducimos en su totalidad dicho artículo 27:

      1- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

      2- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

      3- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

      4- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

      5- Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

      6- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

      7- Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

      8- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

      9- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

        10- Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.           

      Como vemos, el párrafo primero del artículo 27 de la Constitución comienza afirmando que "todos" tienen el derecho a la educación. La palabra "todos" informa claramente de una particularidad del derecho a la educación desde el punto de vista de su titular. No es su titular sólo el alumno, sea mayor o menor de edad, curse sus estudios en un nivel u otro de enseñanza, quien posee el derecho a la educación, sino que éste se tiene por el simple hecho de ser ciudadano. El artículo 1º de la LODE aclara perfectamente esta cuestión al referir el derecho a la educación a los españoles, complementando esta titularidad con la asunción legal de que este derecho a la educación también lo tienen los extranjeros residentes en España. El derecho es, pues, de los españoles y extranjeros residentes, no de los alumnos de los centros de enseñanza, y como consecuencia de serlo.

      El derecho a la educación no puede ser interpretado como la pretensión del individuo de acceder libremente al puesto escolar que sea de su agrado en las condiciones que prefiera, obligando a las instancias públicas a la creación de los puestos docentes que sean reclamados por los individuos. Pero sí puede ser interpretado como que la estructura educativa de los estados debe ir orientada en el sentido de garantizar, en la medida de lo posible, un puesto escolar a todos y cada uno de los ciudadanos, estableciendo un orden de prioridades en los presupuestos de tal forma que permita el acceso a los puestos escolares existentes y la creación de nuevos centros allí donde la necesidad sea apremiante y razonablemente urgente. Al Estado le incumbe el deber jurídico de facilitar instituciones educativas suficientes en consonancia con el nivel general de los tiempos.

      Además del derecho a la educación como tal, el Título I de la Constitución recoge otros derechos que afectan a la educación como la libertad de cátedra (art. 20.1.c), la libertad ideológica y religiosa (art.16), el derecho a la cultura (art. 44), los derechos de los niños, según los acuerdos internacionales (art. 39), los derechos humanos en general (art. 10.2) y los derechos de los disminuídos físicos, sensoriales y psíquicos.

      El derecho a la educación ha sido regulado por medio de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio (LODE) que desarrolla el artículo 27 de la Constitución (con excepción del apartado 10, que se refiere a la Universidad).

      En el Título preliminar de la LODE se proclama el derecho de todos los españoles a recibir una educación básica que les permita el desarrollo de su personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad (art. 1).

      La LODE define, además, para la organización actual de la enseñanza, el establecimiento de una red integrada de centros públicos y de centros privados concertados con los poderes públicos, capaz de asegurar la satisfacción del derecho de todos a la educación.

      A partir de ahora examinaremos el contenido del derecho a la educación según los rasgos que aparecen en la Constitución, complementados con la regulación ordinaria de la LODE y con alguna  norma de rango inferior pero muy importante como el R.D. 1543/1988, de 28 de Octubre, sobre derechos y deberes de los alumnos: 

      a) Derecho a cursar la enseñanza que en cada momento sea considerada básica por la legislación ordinaria:

      El fundamento constitucional de esta rúbrica se halla en el párrafo 4º del artículo 27 de la Constitución: "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita", y debe ser complementado con lo que indica el artículo 1º de la LODE, según el cual la obligatoriedad y gratuidad se refieren al "nivel de educación general básica y, en su caso, de la formación profesional de primer grado, así como en los demás niveles que la ley establezca". También la LOGSE, en su artículo 5, señala: "1.La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la enseñanza básica. La enseñanza básica comprenderá 10 años de escolaridad, iniciándose a los seis años de edad y extendiéndose hasta los dieciséis.  2.La enseñanza básica será obligatoria y gratuita". Y el artículo 6.2 añade lo siguiente: "Los alumnos tendrán derecho a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los dieciocho años de edad".

      El derecho a cursar esta enseñanza no implica el derecho a cursarla en un centro determinado ubicado, por ejemplo, en el municipio donde se resida. Así, la LOGSE recoge en su artículo 65.2: "Excepcionalmente en la educación primaria, y en la educación secundaria obligatoria en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto, las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte, comedor y, en su caso, internado. 

      b) Derecho a acceder a niveles superiores de educación en función de las propias aptitudes, sin que pueda existir discriminación en el acceso.

      El párrafo segundo del artículo 1º de la LODE se refiere a esta cuestión y el artículo 7 del R.D. 1543/1988 lo especifica algo más. No se agota el derecho a la educación con la posibilidad -y la obligación- de cursar, y hacerlo gratuitamente si así se quiere, lo que se considere por ley en cada momento como educación básica. El derecho supone la posibilidad de acceder a niveles superiores de educación en función de las propias aptitudes. Ello implica que deberá existir un sistema de ayuda económica que lo posibilite, derecho que la LODE consagra al hablar del "derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural". En este mismo sentido, el artículo 66.1 de la LOGSE afirma: "Para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la educación se arbitrarán becas y ayudas al estudio que compensarán las condiciones soicoeconómicas desfavorables de los alumnos...".

      Este derecho implica igualmente que deba existir un control objetivo y racional del saber que posibilite el acceso a niveles superiores, a cualquier titulación superior, en función de la capacidad del escolar (art. 6.1.b, LODE). Este derecho ha conocido un desarrollo concreto por el art. 19 del R.D. 1543/1988, de 28 de Octubre, donde se prevé la fijación anticipada por el centro de los criterios para poder superar las pruebas que se fijen y la posibilidad de recurso contra las evaluaciones practicadas.

       c) Derecho al acceso a los centros de enseñanza sin más limitaciones que las establecidas por razones de interés público mediante el instrumento normativo adecuado.

      Los derechos a cursar la enseñanza básica y acceder a niveles superiores de titulación, son derechos que se ejercitan en centros de enseñanza. Pues bien, el derecho a la educación postula que el acceso a los mismos sólo puede ser negado por razones de interés público que hayan sido, además, establecidas en un instrumento normativo adecuado. Quiere ello decir que las razones que indiquen una ordenación de criterios de acceso a los centros de enseñanza en caso de que existan más solicitudes que plazas -niveles económicos, proximidad, hermanos- deben atender a resolver problemas generales, en función de intereses públicos. No cabe imaginar criterios de ordenación que puedan responder a otro tipo de interés.

      A su vez, estos criterios han debido de ser establecidos en un instrumento normativo adecuado, que tiene que ser la Ley Orgánica, con independencia de que el desarrollo y articulación de los mismos pueda encontrarse en normas de rango normativo inferior.

      Por último, la posibilidad de "numerus clausus" predicable de la enseñanza universitaria, debe responder a los mismos criterios de limitación por motivos de interés público y de regulación normativa suficiente. Hoy esa regulación se encuentra en el art. 26 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. 

      d) Derecho a una educación impartida sin discriminación alguna:

      Este derecho es contenido necesario del derecho a la educación y, a la vez, plasmación del principio constitucional de la igualdad (art.14). Supone, en concreto, que en la educación no sean tenidas en cuenta desde un punto de vista discriminatorio, ninguna circunstancia relativa a la raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, posición económica, etc.

      En un país de estructura política territorial descentralizada, con Comunidades Autónomas que poseen, al lado de la lengua castellana, otras lenguas propias con carácter oficial, el principio de no discriminación supone que la lengua propia sea enseñada, y que también, pueda tener lugar la enseñanza en dicha lengua. Pero, igualmente, que el hecho de cursar la enseñanza en un lugar donde exista una lengua propia, no sea para el alumno un obstáculo insalvable para acceder a la enseñanza. En particular ello obliga a tener muy en cuenta las circunstancias históricas, culturales, sociales de las distintas partes del territorio, y a configurar un sistema escolar flexible, capaz de dar satisfacción a las muy distintas situaciones que puedan existir. 

      e) Derecho a una participación responsable en los órganos de gobierno de la escuela, en función de la edad del alumno:

      Este principio se encuentra reconocido por la misma Constitución (art. 27.7) y, por supuesto, por la legislación ordinaria. Así, la LODE en el art. 6.1.e consagra el "derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley", y a nivel de normativa inferior lo desarrolla el art. 10 del R.D. 1543/1988, de 28 de Octubre. No se trata de un derecho absoluto, sino que está limitado a lo dispuesto en el Ley. Esta, con muy buen criterio, distingue la intensidad de la participación en función de la edad del alumno.

      Al margen de la participación en los órganos de gobierno, el art. 11 del R.D. citado regula la figura de las Juntas de Delegados. 

      f) Derecho a recibir una educación que asegure el pleno desarrollo de la personalidad:     

      El párrafo 2º del art. 27 de la Constitución fija como uno de los objetivos de la educación el del libre desarrollo de la personalidad. Se trata, sin duda, de una de las más importantes menciones constitucionales aún cuando se haya reflexionado poco sobre la misma. Ello permitiría a los Tribunales juzgar acerca de conductas de profesores, de centros, de contenidos de idearios, de sistemas educativos mismos, que pudieran considerarse como no adecuados al libre desarrollo de la personalidad.

      Es obvio que esta expresión, "libre desarrollo de la personalidad", no es uniforme ni fácil de interpretar, pero desde luego tiene un contenido normativo que, con todas las precauciones deseables, la hace susceptible de una posible consideración procesal. Sin duda en el futuro esta expresión, considerada como contenido necesario del derecho a la educación, tendrá mucho más juego y aplicación que hasta el presente. El art. 8 del R.D. 1543/1988, de 28 de Octubre, comienza a sacar alguna consecuencia de un derecho que configura como de "respeto" a la libertad de conciencia, a sus convicciones religiosas, morales o ideológicas así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

      g) Otros contenidos del derecho a la educación:

         Los contenidos secundarios podrían estar constituídos por los siguientes derechos:

         - Derecho a un tratamiento disciplinario exento de arbitrariedades y a la existencia de garantías procedimentales en la imposición de sanciones. La LODE se refiere a cuestiones como éstas en su art. 6.1.d cuando habla del derecho al respeto a la integridad y dignidad personales y, más adelante, cuando entre las competencias de los Consejos Escolares regula la de imposición de sanciones (art.42). Hoy, el régimen disciplinario se regula pormenorizadamente en los arts. 24 y ss. del R.D. 1543/1988, de 28 de Octubre, donde se aplican principios generales del derecho disciplinario, como la tipificación, la fijación del cuadro de sanciones, el principio de previo expediente para la sanción y de audiencia al interesado, etc.

         - Derecho a recibir orientación escolar y profesional (art. 6.1.f de la LODE y 20 del R.D. 1543/1988, de 28 de Octubre).

         - Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente (art. 6.1.h de la LODE). 

 

      LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA Y GRATUITA EN ESPAÑA

       El párrafo 4º del art. 27 de la Constitución consagra el principio de la gratuidad de la enseñanza básica, entendiendo por básica lo que la legislación ordinaria designe en cada tiempo como tal.

      Pero el mandato constitucional no se agota con esta única mención. Surgen obligaciones de los poderes públicos también de otros títulos constitucionales. Por ejemplo, del art. 14, consagrador del principio de igualdad y que prohíbe que puedan existir discriminaciones por múltiples causas -nacimiento, raza, sexo...- y entre ellas las circunstancias de índole personal o social.          

      Los títulos constitucionales para el mandato de obrar a los poderes públicos surgen también del art. 9, párrafo 2º, cuando se indica que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

      Los preceptos constitucionales son muy claros. En uso de los mismos, y al margen del sistema de gratuidad, pueden surgir actuaciones de los poderes públicos como hoy son el sistema de Becas (R.D. 2298/1983, de 28 de Julio, y normativa posterior), la Educación Compensatoria (R.D. 1174/1983, de 27 de Abril, y normativa de aplicación) o un simple sistema de gratuidad de tasas (Ley 12/1987, de 2 de Julio, en el Estado y normativa semejante en las Comunidades Autónomas con competencias educativas).

       Ya la Ley General de Educación de 1970 extendió la escolaridad obligatoria hasta los 14 años. Así, a partir de esta Ley todos los alumnos escolarizados en centros docentes de E.G.B. (tanto públicos como concertados) tenían garantizada la gratuidad de esta enseñanza así como se posibilitaba la gratuidad de la Formación Profesional de Primer Grado para aquellos alumnos que no prosiguiesen sus estudios en niveles educativos superiores.

      De hecho, la gratuidad se ha prolongado hasta los 16 años, sobre todo tras la promulgación de las siguientes normas:

      - Ley 12/1987, de 2 de Julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros Públicos y la Autonomía de Gestión Económica de los Centros Públicos.

      - Real Decreto 733/1988, de 24 de Junio, de desarrollo de la Ley 12/1987, de 2 de Julio, sobre establecimiento de la gratuidad de estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros Públicos.

      La LOGSE hace efectiva la escolaridad obligatoria y gratuita desde los 6 a los 16 años, extendiendo la gratuidad a la Educación Infantil y reconociendo el derecho a permanecer en los centros ordinarios, cursando la enseñanza básica, hasta los 18 años.

      La gratuidad de la enseñanza se extiende también a los servicios complementarios que determinados sectores de la sociedad española necesiten, como sería el caso del transporte y los comedores escolares, regulados por disposiciones que habrán de adecuarse y acomodarse a las exigencias sociales del momento.

       Existe, por tanto, la obligación constitucional de los poderes públicos de procurar la efectividad del derecho a la educación y de hacerlo para los niveles básicos de la enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 del artículo 27.

      La Constitución vincula directamente a los poderes públicos a realizar una programación general de la enseñanza de tal forma que garantice efectivamente el derecho de todos a la educación cumpliendo así el mandato contenido en el párrafo 4, de que ésta sea gratuita y obligatoria. Una vez realizada dicha programación, y atendiendo a las necesidades sociales y económicas, el legislador puede establecer los requisitos para ayudar a los centros docentes que cumplan las previsiones constitucionales, esto es, garantizar el derecho del alumno a la educación de forma gratuita. Este es el sentido más importante que se puede deducir del precepto consagrado en el artículo 27.9. El legislador está obligado a perseguir que los derechos y libertades enunciados en la Constitución se realicen de forma real y efectiva según establece el artículo 1.1 y 9.2, y deberá también para ello ordenar el gasto público atendiendo a los criterios de eficiencia y economía.

      La gratuidad de la enseñanza es una conquista social que se impone para no discriminar a los carentes de recursos económicos en el acceso a la educación. La enseñanza pública se hace gratuita para permitir el acceso a los puestos escolares de todos aquellos que no disponen de medios económicos suficientes como para pagar una escuela privada. Su origen económico es evidente. No nace para permitir a los padres elegir el centro docente que prefieran; la escuela lucha por hacerse gratuita para que puedan ir a la escuela aquéllos que, evidentemente, no pueden elegir, y lo que es más grave en ocasiones ni siquiera pueden asistir.

      Por último, debemos recordar que la escuela obligatoria y gratuita es la escuela de todos; por tanto, es la escuela de los alumnos diversos, donde cada cual, con arreglo a sus capacidades, necesidades e intereses, ha de encontrar una respuesta educativa, a la vez, comprensiva e individualmente diversificada.  

BIBLIOGRAFIA

 -NOGUEIRA, R.: "Principios constitucionales del sistema educativo español" MEC, 1988

-EMBID, A. y BERNAL, J.L.: "Manual de Legislación Escolar". Central, 1989.

-LOGSE

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